El Ministerio Público pidió la cautelar más gravosa para el expresidente de Azul Azul y otros cuatro imputados en la investigación por el presunto fraude al Grupo Sartor. La audiencia de formalización continuará el próximo lunes 3 de agosto, cuando el tribunal deberá comenzar a resolver las medidas cautelares.
La situación judicial de Michael Clark se agravó este viernes. En la segunda jornada de formalización del denominado caso Sartor, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para el expresidente de Azul Azul y actual máximo accionista de la concesionaria que administra Universidad de Chile, imputado por una serie de delitos económicos vinculados al colapso del grupo financiero.
La solicitud fue confirmada por la jueza Paulina Moya al término de la etapa de formalización. “Previo al inicio del receso, consulté al Ministerio Público por las medidas cautelares que iba a solicitar respecto de los imputados. Se me informó que pediría prisión preventiva respecto a Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Emilio Larraín Mery, Michael Clark Varela, Rodrigo Bustamante García y Sergio Yáñez Astete”, señaló la magistrada en la audiencia.
Con ello, la Fiscalía pidió la medida cautelar más gravosa para cinco de los once imputados en la causa, entre ellos Clark, quien enfrenta cargos por administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, fraude por omisión de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) y lavado de activos.
La audiencia continuará el próximo lunes 3 de agosto, instancia en la que se desarrollará el debate sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
La investigación que complica a Clark
El caso Sartor se ha transformado en una de las investigaciones por delitos económicos más relevantes de los últimos años. La Fiscalía sostiene que, entre 2021 y 2024, los exdirectivos y ejecutivos del grupo utilizaron recursos de fondos administrados por Sartor para financiar sociedades relacionadas con ellos mismos, privilegiando sus propios intereses por sobre los de los inversionistas.
Según la investigación, esas operaciones se realizaron sin transparentar los conflictos de interés ante el mercado ni frente a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), incumpliendo además las obligaciones establecidas en la Ley Única de Fondos.
Dentro de ese esquema, Michael Clark aparece como una de las piezas centrales de la indagatoria. Además de integrar el directorio de Sartor AGF, la Fiscalía sostiene que su sociedad, Redwood Capital, recibió financiamiento desde fondos administrados por la propia administradora, mientras asesoraba a Nexus, controladora de la Isapre Nueva Masvida, uno de los inversionistas que terminó afectado por el desplome del grupo.
El Ministerio Público también vincula el nombre del empresario con las investigaciones relacionadas con la toma de control de Azul Azul mediante el Fondo Tactical Sports, operación que, según diversas querellas, habría omitido la realización de una Oferta Pública de Adquisición, antecedentes que hoy forman parte de las pesquisas.
Millonario perjuicio y once imputados
Durante la primera jornada de formalización, la Fiscalía cifró el perjuicio provocado por las operaciones investigadas en más de US$78 millones y $104 mil millones, recursos que, según la tesis del Ministerio Público, fueron desviados desde fondos de inversión para beneficiar a sociedades relacionadas con los propios controladores del grupo.
La investigación identifica a decenas de personas naturales, empresas y fondos de inversión como víctimas del presunto fraude, quienes habrían sufrido pérdidas tras el uso de recursos administrados por Sartor en operaciones que la Fiscalía considera incompatibles con la normativa vigente.
En total, los once formalizados son Pedro Pablo Larraín Mery, Michael Clark Varela, Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Óscar Ebel Sepúlveda, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García, Hugo Baranda Peralta, Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.
Antes del inicio de la audiencia de este viernes, Clark evitó referirse al fondo de las acusaciones y manifestó brevemente que “para nadie es agradable estar acá. Siempre he dicho que creo que estoy involucrado un poco de rebote”.
Ahora será el tribunal el que deba resolver si acoge la solicitud del Ministerio Público y decreta la prisión preventiva para el empresario y los otros cuatro imputados respecto de quienes la Fiscalía considera que concurren los requisitos para aplicar la medida cautelar más gravosa.