El caso Sartor sigue sumando antecedentes que golpean a la dirigencia de Azul Azul. Esta vez, nuevas revelaciones dadas a conocer por CIPER, apuntan a una compleja red de financiamiento vinculada a empresarios ligados al fútbol chileno y al actual control de la concesionaria que administra a Universidad de Chile. En el centro de la investigación aparecen el abogado José Ramón Correa, el expresidente de Azul Azul Michael Clark, además de los empresarios Patricio Kiblisky, Jacques Gliksberg y Victoriano Cerda.
De acuerdo con antecedentes expuestos por la fiscalía ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Correa habría financiado la compra del 21% de las acciones de Azul Azul mediante un préstamo de US$7,5 millones otorgado por el fondo Sportscap Credit Fund LLC, constituido en Delaware y administrado por Patricio Kiblisky —exdueño de Ñublense— y Jacques Gliksberg, socio del excontrolador de Huachipato, Victoriano Cerda.
Según el escrito presentado por el fiscal Juan Pablo Araya, el crédito fue firmado en diciembre de 2025 y utilizó como garantía las mismas acciones que Correa adquirió a la familia Schapira. La investigación también detectó movimientos financieros entre la sociedad Romántico Viajero SpA —vehículo mediante el cual Correa controla su participación en Azul Azul— y Sportscap Asesores SpA, filial chilena del fondo estadounidense.
El documento además añade otro elemento que aumenta las sospechas de la fiscalía: el mismo fondo habría transferido cerca de US$18 millones a Bulla SpA, sociedad creada por Michael Clark después de que la Comisión para el Mercado Financiero cuestionara la adquisición del 63% de Azul Azul sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
La declaración que tensiona aún más a Azul Azul
Otro de los antecedentes que reactivó la polémica fue la declaración judicial del exdirector de Azul Azul Juan Pablo Pavez, también revelada por Ciper. El exdirigente aseguró ante la fiscalía que existiría una coordinación entre Michael Clark, Victoriano Cerda, Marcelo Pesce y Patricio Kiblisky para beneficiar económicamente a otros clubes en perjuicio de la concesionaria azul.
En su testimonio, Pavez apuntó directamente a operaciones vinculadas a fichajes de jugadores y entrenadores provenientes de Huachipato y Ñublense. Entre los casos mencionados aparecen los traspasos de Ignacio Tapia, Israel Poblete, Nicolás Guerra, Federico Mateos y Gonzalo Montes, además de la contratación del técnico Gustavo Álvarez, por quien Azul Azul pagó una cláusula de salida cercana a los US$800 mil.
El exdirector sostuvo además que varias negociaciones eran “gestionadas directamente” por Clark y cuestionó los montos desembolsados por el club, apuntando a eventuales sobreprecios. Incluso aseguró haber conversado con el gerente deportivo Manuel Mayo, quien —según su versión— le habría señalado que no tenía poder de negociación en operaciones relacionadas con Huachipato.
La arista judicial que sigue creciendo
La investigación también ha alcanzado a ejecutivos de la concesionaria. Según reveló La Tercera, los gerentes Manuel Mayo y José Ignacio Asenjo debieron prestar declaración ante la PDI en el marco del caso Sartor. Desde Azul Azul reconocieron las diligencias, aunque insistieron en que ambos participaron únicamente para explicar aspectos operativos y administrativos del funcionamiento del club.
En paralelo, la liquidadora Toesca presentó una nueva querella criminal que busca esclarecer el origen de los recursos utilizados para que Michael Clark tomara el control de Azul Azul. La acción judicial sostiene que fondos públicos administrados por Sartor habrían sido utilizados indirectamente para financiar la operación mediante una compleja cadena de préstamos y sociedades relacionadas.
La presentación judicial apunta a eventuales delitos de negociación incompatible y administración desleal, y solicita levantar información bancaria, tributaria y patrimonial de distintos involucrados, además de revisar operaciones relacionadas con el denominado “Bono Bulla” y contratos televisivos vinculados a la concesionaria