En una extensa carta dirigida a los hinchas, el ahora ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, oficializó su salida del cargo, marcando el cierre de un ciclo iniciado en 2021 en uno de los momentos más complejos para Universidad de Chile.
“Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul S.A.”, señaló en el comunicado, en el que repasó su gestión, destacó logros financieros y deportivos, y agradeció a dirigentes, trabajadores, jugadores e hinchas.
Clark recordó que asumió en plena pandemia y con una institución golpeada tanto en lo sanitario como en lo deportivo, destacando que uno de los primeros hitos fue evitar el descenso en 2021. En su balance, subrayó el pago de la deuda histórica con el Estado, la extensión de la concesión hasta 2052 y la consolidación financiera del club, que —según indicó— permitió proyectar la construcción de un estadio.
En lo deportivo, mencionó la obtención de la Copa Chile 2024, el regreso a torneos internacionales y las campañas continentales, además del arribo de referentes de la “Generación Dorada”. “Tengo la satisfacción de haberme entregado por entero al club y de haber establecido un plan estratégico que ha ubicado a nuestro Club como una de las instituciones más sólidas del continente”, afirmó.
También hizo una defensa de su gestión, reconociendo que debió tomar “decisiones duras”, pero siempre bajo una hoja de ruta orientada a la estabilidad institucional y al crecimiento sostenido del club.
Remuneraciones, control y conflicto con la CMF
La salida de Clark se produce en un escenario complejo, marcado por cuestionamientos recientes y tensiones regulatorias.
Uno de los antecedentes que generó atención fue la publicación de la memoria anual de Azul Azul, donde se transparentaron las remuneraciones de la plana directiva. Si bien Clark declinó recibir dieta como presidente, sí percibió ingresos como director ejecutivo por cerca de $171 millones anuales, equivalentes a unos $14 millones mensuales.
A esto se suma el conflicto con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tras la operación realizada en diciembre de 2024, cuando el empresario adquirió el 90% del fondo Tactical Sport —vehículo que controla el 63% de las acciones del club—, lo que lo convirtió en controlador indirecto de la sociedad.
El organismo determinó que dicha operación debía haber considerado una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), lo que —según la autoridad— no se cumplió, configurando un incumplimiento a la Ley de Mercado de Valores.
La defensa de Clark ha sostenido que existe un “imposible jurídico”, argumentando que la normativa de fondos de inversión privados le impediría realizar una OPA en esas condiciones. En esa línea, el empresario acudió en más de una ocasión al Tribunal Constitucional de Chile para impugnar la aplicación del artículo 97 de la ley, que define el concepto de “controlador”.
Sin embargo, su primer requerimiento fue declarado inadmisible en febrero de 2026, mientras que previamente la Corte de Apelaciones ya había respaldado la postura de la CMF, ratificando su calidad de controlador indirecto.
El caso ha sido acompañado por informes en derecho encargados a figuras como Carlos Peña y Alejandro Ferreiro, quienes cuestionaron la interpretación del regulador, señalando inconsistencias en la aplicación del concepto de control, según La Tercera.
Un cierre en medio de tensiones
La renuncia de Clark se concreta apenas días después de nuevas gestiones ante el Tribunal Constitucional, lo que refleja el complejo escenario jurídico que enfrentaba.
En su despedida, el ex dirigente evitó referirse directamente a estas controversias, optando por un tono institucional y proyectando continuidad: “No tengo dudas de que, bajo la hoja de ruta que hemos escrito junto con el Directorio, los éxitos deportivos no tardarán en ser permanentes”, concluyó.