La investigación sobre Sartor AGF sigue ampliando sus aristas y ahora impacta directamente al mundo de Universidad de Chile. Mientras la Fiscalía revisa millonarias transferencias de jugadores desde Huachipato hacia Azul Azul por eventuales inconsistencias en sus montos, la nueva rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, enfrenta cuestionamientos tras conocerse que mantuvo inversiones cercanas a los $960 millones en la administradora intervenida por la CMF. La académica reconoció pérdidas patrimoniales y aseguró que se inhabilitará de cualquier decisión vinculada al club si existe conflicto de interés.
El caso Sartor continúa expandiéndose y sumando nuevos protagonistas. Lo que comenzó como una investigación financiera contra la administradora general de fondos terminó alcanzando al fútbol chileno, al directorio de Azul Azul y ahora también a la máxima autoridad electa de la Universidad de Chile.
En las últimas semanas, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente intensificó las diligencias relacionadas con la propiedad de Azul Azul y el origen de diversas operaciones financieras vinculadas a la concesionaria. En paralelo, comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre transferencias de futbolistas provenientes desde Huachipato hacia Universidad de Chile, además de nuevas interrogantes sobre el vínculo entre Sartor y figuras relacionadas con el control de la institución universitaria.
Pero el avance de la investigación abrió otra arista inesperada: la exposición patrimonial de Alejandra Mizala, recientemente electa rectora de la casa de estudios y quien reconoció públicamente que tanto ella como parte de su familia fueron afectados por el desplome de Sartor.
Los fichajes bajo sospecha
Uno de los casos que despertó alertas en el Ministerio Público corresponde al defensor Ignacio Tapia. Según antecedentes contenidos en el expediente judicial, en 2022 Azul Azul adquirió el 50% de su pase por US$900 mil, pese a que un año antes el 100% de sus derechos económicos habría sido ofrecido a la U por solo US$400 mil.
La segunda operación observada involucra al arquero Gabriel Castellón. De acuerdo con declaraciones del exdirector de Azul Azul Juan Pablo Pavez, el club pagó US$1,1 millones por el 50% del pase del futbolista en 2024, aunque públicamente se habría comunicado un monto cercano a los US$412 mil.
Las diligencias también alcanzan a otros futbolistas que llegaron desde Huachipato, como Israel Poblete y Jimmy Martínez.
“Era raro. Nos llamó mucho la atención que fueran jugadores casi por el doble cuando ese año Huachipato casi había descendido”, afirmó Pavez respecto de las operaciones cuestionadas.
Las sospechas apuntan a determinar si existieron negociaciones que pudieron favorecer intereses vinculados a personas relacionadas con la propiedad de Azul Azul, entre ellos el exdirigente acerero Victoriano Cerda.
El rol de Alejandra Mizala y sus inversiones en Sartor
En medio del avance del caso, uno de los nombres que comenzó a aparecer con fuerza fue el de Alejandra Mizala. La economista y futura rectora de la Universidad de Chile reconoció que tanto ella como su familia mantenían inversiones en Sartor AGF y que parte importante de sus ahorros quedaron comprometidos tras la intervención de la administradora.
Según antecedentes revelados por Ex-Ante y contenidos en sus declaraciones de patrimonio e intereses ante Contraloría, Mizala mantuvo inversiones en Sartor desde 2014 y alcanzó una exposición cercana a los $960 millones en marzo de 2025.
Los documentos muestran un crecimiento sostenido de sus inversiones durante años. En 2022 declaró fondos por más de $647 millones; en 2023 la cifra aumentó a $808 millones; mientras que en 2024 alcanzó los $880 millones. El monto máximo se registró en marzo de 2025, cuando informó inversiones equivalentes a $960.068.989.
Sin embargo, para entonces la Comisión para el Mercado Financiero ya había intervenido Sartor AGF por presuntas irregularidades relacionadas con inversiones en sociedades vinculadas. Meses después, el organismo revocó la autorización de funcionamiento de la administradora y posteriormente aplicó multas históricas a varios de sus principales ejecutivos, liderados por Pedro Pablo Larraín Mery.
La situación patrimonial de Mizala comenzó a deteriorarse rápidamente tras el inicio del proceso de liquidación de los fondos. En septiembre de 2025 presentó una nueva declaración señalando que sus inversiones equivalían a $808 millones, aunque incorporó una advertencia clave: indicó que el valor real de las cuotas era incierto debido a que los fondos estaban siendo liquidados por Toesca AGF.
Meses más tarde, en marzo de 2026, la académica actualizó nuevamente su patrimonio tras dejar el cargo de prorrectora para competir por la rectoría. Allí declaró que sus fondos equivalían a poco más de $192 millones.
Auditorías independientes estimaron que los activos de inversionistas ligados a Sartor sufrieron deterioros cercanos al 47%.
Además, el vínculo familiar también quedó expuesto. Su esposo, Jaime Gatica Barros, figura entre los inversionistas afectados que recurrieron ante la CMF para intentar evitar la liquidación de los fondos. A ello se suma que una sobrina de Mizala aparece como querellante en una de las causas masivas contra Sartor.
El conflicto de interés que se instala sobre la rectoría
El caso adquirió una dimensión aún más sensible debido al histórico vínculo entre la Universidad de Chile y Azul Azul. Tras ser electa rectora, Mizala aseguró que revisará el convenio mediante el cual la universidad autoriza a la concesionaria el uso del nombre, escudo y emblemas institucionales.
La propia académica abordó públicamente el tema y aseguró que se marginará de cualquier decisión relacionada con el club si amerita. “Si corresponde lo haré. No quiero que nada interfiera en las decisiones fundamentales para la universidad. Si hay que abstenerse, me abstengo”, afirmó.
Pese a ello, el tema ha seguido generando cuestionamientos, especialmente considerando que la investigación del Ministerio Público continúa avanzando sobre la propiedad de Azul Azul y las operaciones vinculadas a Sartor.
Allanamientos y presión sobre Azul Azul
El avance del caso también provocó allanamientos en el Centro Deportivo Azul (CDA), donde la PDI incautó contratos de jugadores, documentación financiera y antecedentes societarios ligados a la concesionaria.
En paralelo, Michael Clark dejó la presidencia y el directorio de Azul Azul luego de que la CMF le aplicara una multa de 65 mil UF por su actuación como exdirector de Sartor AGF.
Actualmente existen al menos 14 querellas vinculadas al caso Sartor por delitos que incluyen estafa, administración desleal, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado.